La organización ecologista Greenpeace ha presentado el informe Hasta que desaparezca el último pez: el destructivo modelo de la pesca de arrastre de profundidad que revela cómo la pesquería de arrastre de profundidad daña y sobreexplota los caladeros del Atlántico Norte y cómo las políticas pesqueras españolas y europeas financian esta destrucción a través de los subsidios. Unos subsidios que proceden de los impuestos de los ciudadanos europeos.
El estudio analiza los impactos de la pesquería de arrastre de profundidad, las subvenciones que ha recibido y el empleo que genera, todo ello enmarcado en las negociaciones de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC).
Actualmente España tiene la flota pesquera más grande de Europa que se mantiene con miles de millones en subsidios (más del doble de la cuantía de las subvenciones recibidas por cualquier otro país de la UE). Entre 2000 y 2006 España recibió alrededor del 44% de los subsidios, y entre 2007 y 2013 cerca del 26%.
Pero este dinero no ha ido destinado a la flota mayoritaria y que más empleos genera, la denominada de bajura, compuesta por pequeños barcos que faenan en aguas nacionales. Los subsidios se dirigen a las grandes flotas, que solo suponen el 20% del total pero pescan el 87% de las capturas. Estas flotas faenan mayoritariamente en el Atlántico y el Pacífico, donde provocan un fuerte impacto social y medioambiental.
“Si España continúa con esta práctica se prevé que menos del 10% de los stocks pesqueros mantendrán niveles sostenibles en 2022. Las principales áreas de pesca se volverán improductivas en poco más de una década”, declaró Celia Ojeda, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace.
“Las actuales políticas pesqueras, tanto de la Unión Europea como del Gobierno español, están favoreciendo a las grandes flotas industriales en detrimento de la pesca artesanal y local”, concluyó la portavoz de Greenpeace.
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