La Comisión Europea ha sacado adelante su propuesta vinculante de reducir un 40% en 2030 las emisiones de carbono en el UE en relación con el nivel de 1990. Se trata de un ritmo mucho más ambicioso que el de otras potencias mundiales (China y Estados Unidos). Los países del Este (con Polonia como el más combativo) se resistían a aceptar el paquete completo porque sus industrias son mucho más contaminantes que las del resto de Europa y les cuesta alcanzar los objetivos. Para compensarlos, el Consejo Europeo ha dispuesto una especie de bolsa de derechos de emisión que se asignarán a los países con menor PIB per cápita.
Esa necesidad de impulsar las renovables y de limitar la dependencia energética de Rusia, que cubre alrededor de un tercio de la demanda europea, favoreció el pacto para mejorar las interconexiones en las zonas más aisladas del continente, entre ellas España. La UE adoptará “medidas urgentes” para asegurar que cada país puede transferir o recibir energía a través de su frontera equivalente al 10% de la capacidad de producción en 2020 (y del 15% en 2030). Para lograrlo, esas conexiones serán consideradas proyectos de interés común (con financiación comunitaria) y se les dará “la máxima prioridad”.También se atuvo a lo previsto el objetivo de renovables, considerado poco ambicioso por las organizaciones medioambientales y los países con mayor desarrollo en este sector. La UE se compromete a que el volumen de renovables ascienda al 27% del consumo energético en 2030. Diez años antes, en 2020, se revisará el objetivo para ver si es posible elevarlo al 30%. Esa meta supone duplicar con creces el actual consumo de renovables, algo superior al 11%, según cifras de 2012. Las conclusiones de la cumbre dejan claro, en todo caso, que no habrá metas obligatorias para cada país, sino que cada uno tendrá libertad para diseñar su cesta energética, una condición que puede malograr el objetivo final del 27%.
El documento no incluye obligaciones concretas, pero encarga a la Comisión el seguimiento de estos progresos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, definió esta novedad como “un asunto capital, no solo para España, sino para Portugal y para toda la UE”.
FUENTE: EL PAIS.
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