España tiene un problema con la gestión de los vertederos ilegales. Y la Comisión Europea lleva años instando al Gobierno a que lo solucione. Ante los incumplimientos, Bruselas pidió en 2014 al Tribunal de Justicia de la UE que actuara contra España, y en 2016 el tribunal dictó una primera condena por no eliminar 30 vertederos. El tribunal, instado de nuevo por la Comisión, ha reiterado ahora su reproche sobre otros 61, la mayoría en Castilla y León (27) y Canarias (24). Censura a España por no aplicar "medidas coercitivas" para evitar su proliferación.
Tanto en el caso de la primera condena, que data de febrero de 2016, como en el de la conocida ayer, el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE contra España por los vertederos incontrolados no acarrea una multa. Eso puede llegar en el futuro. El proceso para sancionar a los países de la UE es bastante largo. Primero, la Comisión Europea dictamina el incumplimiento de una directiva y lo envía al tribunal, con sede en Luxemburgo, para que lo certifique. Con esa sentencia en la mano, Bruselas abre otro procedimiento para que luego el tribunal acabe imponiendo una sanción.
En esta segunda condena sobre los 61 vertederos, los magistrados concluyen que España —al no clausurarlos y restaurarlos— no ha aplicado "las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora". Tampoco ha garantizado "que los residuos vertidos en ellos sean tratados por los municipios por sí mismos o por un negociante, una entidad o una empresa que lleve a cabo operaciones de tratamiento", como fija la directiva 2008/98/CE, la que se ha incumplido.
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