En los últimos tres años han ocurrido en España tres riesgos de origen geológico que han ocasionado enormes pérdidas y alarma social, incluso víctimas mortales. Nos referimos al terremoto de Lorca, la erupción volcánica submarina de la isla de El Hierro y el reciente caso del almacenamiento de gas desde la plataforma Castor en aguas de Castellón. En Lorca el terremoto que causó el desastre fue de magnitud 5,1, pero las condiciones geológicas del subsuelo donde se asienta la ciudad amplificaron las ondas sísmicas y causaron daños desproporcionados para dicha magnitud. Se conocía el subsuelo y la peligrosidad sísmica y se disponía de mapas que señalaban las zonas donde se podrían dar los fenómenos de amplificación, pero la norma sismorresistente fue insuficiente y la planificación urbana no tuvo en cuenta los citados mapas. 1.500 edificaciones se destruyeron, algunas de ellas de muy reciente construcción. Hubo nueve víctimas mortales y 334 heridos y unas pérdidas estimadas en unos 1.200 millones de euros. En El Hierro, la erupción submarina de 2011 obligó a tomar medidas extraordinarias de protección civil, produciéndose pérdidas estimadas en unos 20 millones de euros. La erupción no fue anticipada ni tampoco se disponía de información suficiente para prever la naturaleza del fenómeno volcánico y su posible peligrosidad, por lo que tales medidas estuvieron justificadas ante las incertidumbres científicas. En 2013 se produjo el cierre de la planta Castorpara almacenamiento de gas natural. Pequeños terremotos, que no excedieron la magnitud de 4,2, alarmaron a la población limítrofe y provocaron el cierre de la planta. La sismicidad inducida por la inyección no fue prevista, a pesar de ser un fenómeno previsible en casos semejantes. Si el cierre es definitivo las pérdidas podrían alcanzar los 1.750 millones de euros.
En solo los tres últimos años las posibles pérdidas por los citados riesgos suman 2.970 millones de euros. Ante esta situación alarmante para nuestra economía, deben extraerse una serie de enseñanzas para evitar el grave impacto económico y social de los riesgos naturales o inducidos. Se ha insistido desde distintos foros científicos en la necesidad de mejorar la coordinación e integración de las distintas instituciones de investigación, en este caso geocientíficas. Valga como ejemplo de un intento frustrado en este sentido el proyecto aprobado en 2005 y 2006 por las cámaras del Senado y del Parlamento de Canarias, respectivamente, para crear el Instituto Volcanológico de Canarias como un centro integrador y coordinador de todas las instituciones relacionadas con el riesgo volcánico en España. A pesar del amplio acuerdo entre políticos y científicos ha sido imposible conseguir este objetivo.
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