Cerco al polémico restaurante de la isla de Benidorm

El Gobierno rechaza que una empresa tenga derecho a explotar un islote frente a la meca turística, como lleva haciendo desde hace 50 años

El Ministerio de Medio Ambiente ha dictado una resolución en la que resuelve que la empresa que explota desde hace 50 años un restaurante en un islote de siete hectáreas frente a Benidorm no tiene derecho a hacerlo. El negocio ha sido denunciado reiteradamente por múltiples irregularidades, como carecer de licencia de actividad y realizar vertidos al mar, por la Asociación Costa Blanca Marine.

Los dueños del negocio niegan las ilegalidades y afirman que en su día, a principios de los años noventa, pagaron al Ayuntamiento del municipio turístico "170.000 pesetas", unos 1.020 euros, a cambio de obtener permiso para trabajar en la isla. Y lamentan que ahora el Consistorio "no encuentra" el documento que así lo acredita.

El islote se ha convertido en un gran negocio que gestiona la familia Cervera, porque además del restaurante incluye el transporte en barcos desde el puerto hasta el lugar. Según la Asociación Costa Blanca Marine, sus clientes se cuentan por centenares al día, y podrían llegar a 2.000 en una sola jornada. La empresa califica de exagerados los cálculos de la asociación, pero no ofrece un número de clientes alternativo.

"Adicionalmente", prosigue la resolución, "tampoco habría quedado acreditada en modo alguno la legalidad del uso de hostelería existente". "En ningún momento se ha aportado al expediente la necesaria licencia municipal para el desarrollo de esta actividad, ni la legalidad de la explotación del embarcadero, al no haberse aportado título administrativo habilitante para el uso de una instalación ubicada en el dominio público marítimo-terrestre".

Medio Ambiente señala que la construcción original de la isla, edificada en los años sesenta, lo fue mediante un acuerdo del Ayuntamiento "sobre terrenos de los que no tiene titularidad", porque siempre han pertenecido al Estado.

Mediante la reconversión de aquella construcción municipal, inicialmente la caseta de un guarda construida por el Ayuntamiento, en un establecimiento hostelero, José Cervera hizo "de este paraje natural su propio negocio de por vida" de forma ajena a la legalidad y "realizando directamente los vertidos de sus residuos al mar", sostiene la Asociación Costa Blanca. Un extremo que la empresa niega.