A la división
entre el Norte y el Sur de Europa sobre el rumbo de la política económica de la
UE se une ahora una nueva brecha, en este caso entre el Oeste y el Este, sobre
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Consejo de
ministros de Medio Ambiente de los Veintiocho, del que debería salir un pacto
sobre el volumen máximo de emisiones, ha concluido hoy sin acuerdo y, lo que es
aún peor, con una fractura aún mayor entre los países de la ampliación
—Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria—, más
dependientes de los combustibles fósiles y reticentes a la reducción del 40%
planteada por la Comisión Europea a finales de enero, y los países de Europa
occidental, proclives a un acuerdo más ambicioso en la lucha contra el cambio
climático.
Al fijar un
objetivo de reducción de sus emisiones de CO2 de un 40% en 2030 respecto al
nivel de 1990, eliminando el objetivo de eficiencia energética, y al situar el
peso mínimo de las renovables en el 27% sin fijar cotas nacionales, el
Ejecutivo comunitario trató de reducir sus pretensiones para lograr el apoyo de
los países del Este. Polonia —donde cerca del 90% de la electricidad consumida
aún tiene origen en el carbón, según datos de 2012—, ha ejercido como líder del
grupo de países que consideran los objetivos una amenaza para la competitividad
de su industria.
En el lado
opuesto, el bloque de países occidentales —que ya tienen parte del camino
recorrido, al estar mucho mejor posicionados en penetración de energías
renovables dentro de su mix eléctrico—, reclamaron un pronto acuerdo que
permita a la UE seguir liderando la lucha mundial contra las emisiones de gases
de efecto invernadero. Dentro de este grupo las posturas fluctúan entre
aquellos que, como Francia, Alemania, Países Bajos y los nórdicos, aprueban la
propuesta de Bruselas pero piden flexibilidad en su aplicación para limitar los
daños que el objetivo pudiera infligir sobre el sector secundario, hasta los
que como Reino Unido y Suecia abogan por imponer un límite más ambicioso. En
concreto, ambos países proponen elevar el objetivo hasta el 50% de reducción en
2030 siempre que la UE logre arrancar un amplio compromiso internacional en
esta materia.
FUENTE: EL PAÍS
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