Cuentan los vecinos que en la madrugada de aquel 25 de abril de 1998, hace ahora dos décadas, un estruendo resonó en Aznalcóllar. Y esta vez no era una de las habituales explosiones controladas para horadar la roca en la mina del municipio sevillano. Aquel estruendo fue el inicio de uno de los peores accidentes medioambientales en España y de una interminable carrera para lograr que la empresa que explotaba la mina Los Frailes –la sueca Boliden– asuma el multimillonario coste del desastre. Porque, 20 años después, quien contaminó aún no ha pagado.
Aquella noche de abril parte del muro de la gigantesca balsa de residuos de la explotación minera se vino abajo. Y se desató una riada de lodos tóxicos y aguas ácidas. La brecha –de 50 metros– se abrió en la pared de la balsa que daba al río Agrio, que a su vez desemboca en el Guadiamar, que termina en el Guadalquivir y en Doñana... Un recorrido de 62 kilómetros por el que discurrieron seis millones de metros cúbicos de lodos y aguas contaminados con zinc, plomo, azufre...
La Junta de Andalucía, el Gobierno y Boliden llenaron el Guadiamar de diques y represas para evitar que el vertido llegase a Doñana. Y se logró que se quedaran a las puertas del espacio protegido.
En los meses siguientes se depuraron aguas, se descontaminó la tierra y se retiraron los lodos de una superficie de 4.634 hectáreas. La balsa está ahora sellada y colmatada –y coronada por paneles solares– y el río Guadiamar es un corredor verde. Pero la Junta y el Gobierno siguen reclamando a Boliden más de 133 millones.
Cada año, esta compañía incluye una coletilla en sus informes de resultados cuando se refiere a los procedimientos judiciales abiertos en España: "La empresa no sufrirá ninguna pérdida financiera sustancial como resultado" de esos procesos. "Boliden gastó aproximadamente 100 millones de euros", sostiene un portavoz de la empresa a través de un correo electrónico. Esos recursos fueron para "las medidas de limpieza y recuperación", añade.
Pero Boliden solo se hizo cargo de la zona más próxima a la balsa. La limpieza del resto de la superficie afectada por el vertido tóxico –el 90% de toda la zona dañada– corrió a cargo del Gobierno y, sobre todo, de la Junta. También las costosas expropiaciones, que superaron los 60 millones de euros.
Estas dos Administraciones no han logrado recuperar lo que costaron aquellos trabajos. La Junta reclama desde 2002 a la multinacional 89,9 millones solo por los gastos de restauración de la zona; el Gobierno central intenta cobrar la sanción de 43,7 millones que le impuso también en 2002.
"Sí, en principio, quien contamina debe pagar", admite uno de los abogados que ha ayudado en estos 20 años a Boliden a evitar que las Administraciones cobren. Pero el letrado, que prefiere quedar en el anonimato, apunta como responsable de la catástrofe a las constructoras de la balsa y a los que hicieron los estudios geológicos. Boliden demandó en su día a esas empresas –ACS, Geocisa e Intecsa-Inarsa–, pero la justicia no le dio la razón.
Cuando en 2002 la Junta y el Gobierno iniciaron los trámites para que Boliden pagara esos 133 millones, la multinacional ya había recurrido a una táctica bien conocida en las zonas que han sufrido un desastre medioambiental: echar el cierre de su filial y marcharse. Boliden clausuró en 2001 la mina, dejó sin empleo a más de 400 trabajadores y cerró su filial en España, Aprisa.
Esta marcha ha complicado la recuperación de los fondos públicos que se emplearon para descontaminar la zona afectada y la sanción. También han influido los vaivenes judiciales de un caso en el que la vía penal se cerró en 2000 sin que se condenara a nadie. Un buen ejemplo de este periplo interminable es el recorrido de la demanda por los 89,9 millones presentada en 2002 por la Junta. La reclamación se presentó en el Juzgado de Instrucción 11 de Sevilla y, tras 13 años en los que magistrados de diferentes instancias y jurisdicciones declaraban que no eran los competentes para decidir, el caso volvió al punto de partida. En 2015 el Ejecutivo andaluz tuvo que volver a presentar la misma demanda por 89,9 millones en el mismo Juzgado de Instrucción 11. Hace un par de años, el juez intentó que ambas partes llegaran a un acuerdo, detallan fuentes del caso. Pero no fue posible y ahora se está a la espera de que se fije la vista oral para esta enquistada demanda.
¿Podría darse ahora un caso similar? "No, la Ley de Responsabilidad Ambiental, de 2007, establece que quien contamina paga", responde el viceconsejero andaluz de Medio Ambiente, José Luis Hernández Garijo. "Han transcurrido 20 años y la normativa, afortunadamente, ha evolucionado", coincide Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. "Tanto la legislación específica de responsabilidad medioambiental, que define como daño medioambiental los causados a la biodiversidad, las aguas continentales y marinas y los suelos, como la legislación sectorial establecen un régimen para la prevención y reparación", añade. Otra cosa es aspirar a una respuesta veloz. "Es un problema del sistema; si tienes dinero para recurrir, eternizas los casos", explica Carlos González-Antón, abogado especializado en derecho medioambiental.
Antonio Vercher, el fiscal de sala coordinador de medio ambiente y urbanismo, prefiere ser pragmático; es decir, centrarse en evitar que se produzca una tragedia similar. Recuerda que su departamento solicitó a principios de esta década al Instituto Geológico y Minero de España un listado de las grandes balsas de residuos mineros que puedan ser un riesgo. "Y se presentó una querella por una balsa de Mazarrón, en Murcia", explica. "Estamos decididos a que no pase otro desastre como Aznalcóllar".
Para más información: https://politica.elpais.com/politica/2018/04/20/actualidad/1524223258_103979.html
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