Desde su entrada en vigor en 2010, la zona de Barcelona y sus alrededores ha incumplido sistemáticamente la directiva europea de concentración de NO2, un gas que, según la Agencia de Medio Ambiente de la UE, provoca cada año más de 25.000 muertes prematuras en España, 430.000 en Europa. La contaminación fue estable hasta que la recesión económica la hizo caer. La caída de la actividad económica, traducida en una menor actividad industrial y la reducción del tráfico terrestre, había hecho caer la polución. Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, fue en 2010 cuando el número de vehículos que circula por la ciudad comenzó a caer. Actualmente, informan desde el consistorio, el volumen de tráfico es un 5,3% menor que hace un lustro.
El Gobierno catalán ha anunciado desde entonces diferentes medidas para reducir el tráfico o incentivar el uso de vehículos menos contaminantes como retirar las bonificaciones en los peajes a los vehículos diesel y crear un impuesto para los que más contaminan. Paralelamente, los municipios del área metropolitana de la capital se han unido para tratar de consensuar medidas para reducir la polución. Desde el AMB anunciaron a finales de enero la intención de prohibir la circulación de los vehículos con más de 20 años de antigüedad a partir del 2018, lo que equivaldría al 4% de los que circulan actualmente, según cálculos del propio Gobierno metropolitano
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